Resumen: Se solicita por una organización sindical de policías medidas cautelarisimas, previas a la interposición de la demanda por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, interesando el cumplimiento por parte del Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Policía, de lo establecido en la Orden INT 226/2020 de 15 de marzo, resumido en los siguientes puntos:Se tomen medidas respecto de la presencia de ciudadanos en sedes judiciales, zonas de especial aglomeración y por tanto de contagio. Se dote de los medios de protección individual a todo el personal de seguridad ciudadana: mascarillas, guantes, geles desinfectantes.Se establezca un protocolo de desinfección de equipos y medios de uso compartidos, en el que se desinfecten los equipos de transmisión, así como los vehículos policiales, cada cambio de servicio. Dotar a las ODAC de equipos de protección individual y productos desinfectantes, al estar en contacto directo con la ciudadanía.Refuerzo en los servicios de limpieza de las dependencias policiales.Que se inste al Ministerio de Sanidad a cambiar la clasificación de los funcionarios policiales, incluyéndolas en el epígrafe de "EXPOSICIÓN DE RIESGO" de manera que se les dote de los correspondientes EPIS para su protección.Que en el momento que se disponga de los correspondientes Test rápidos se realice la prueba a todos los funcionarios policiales que trabajan en contacto con el ciudadano.Se desestima la pretensión.
Resumen: Incompetencia funcional para conocer de la demanda del SUP (sindicato Unificado de Policía) que impugna el "Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales" frente a la exposición al SARS-Cov-2", así como la petición de medidas cautelares inaudita parte.
Resumen: Quien presidió el tribunal del Jurado cesó en sus funciones el primer suplente del tribunal al advertir que el mismo trabajaba en un centro con personas afectadas de discapacidad, igual que el hermano de la víctima, al que conocía. Si bien formalmente no es causa de recusación se adopta dicha decisión en aras a la necesaria imparcialidad. También se acordó que los testigos declaran sin confrontación visual con el acusado para asegurar las adecuadas condiciones anímicas a la hora de prestar su testimonio. Sobre la base del veredicto del Jurado se condena por delito de homicidio. El dolo homicida se infiere del hecho de escoger para el ataque un arma blanca puntiaguda de cierta longitud, y acometer con la misma en zona vital del cuerpo, en concreto el tórax anterior, advirtiéndose de esta forma la presencia de todos los elementos objetivos y subjetivos que reclama el tipo contra la vida. No se aprecia la circunstancia atenuante o eximente derivada de la drogadicción por no haber prueba de ello.
Resumen: La instalación del servicio de videovigilancia en el interior de un centro hospitalario no necesita de autorización de la autoridad gubernativa. Tampoco es precisa una información específica a los trabajadores del centro hospitalario sobre el posible uso de las cámaras de videovigilancia para el control de las obligaciones laborales, sino que es suficiente con que la presencia de las cámaras de vigilancia se anuncie de acuerdo con la legislación sobre protección de datos. La instalación de cámaras tiene la finalidad de velar por la seguridad de los usuarios y trabajadores del centro hospitalario.
Resumen: El sindicato solicita que se requiera a la Administración demandada para que provea de forma inmediata a los funcionarios del Cuerpo de Policia Nacional de guantes y mascarillas, en todos los servicios y siempre que se deba interactuar con personas dentro de la distancia de seguridad, así como el uso de buzos, y de gafas en ambientes de gran exposición al Virus durante la vigencia de la pandemia del COVID-19. También pide que se inste a la Administración a cumplir con la Orden INT 226/2020, de 15 de marzo, adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de su personal en cumplimiento de las funciones encomendadas y requerir a la demandada para que proceda a evaluar individualmente los riesgos que por circunstancias personales asumen los que prestan funciones durante la pandemia. La AN deniega las medidas interesadas. Se ha probado la sucesión de actuaciones del Ministerio del Interior para intentar conseguir medios para los integrantes del Cuerpo de Policía Nacional, sin que este cauce procesal sea el idóneo para reprochar las circunstancias de escasez y pedir las responsabilidades oportunas.Por ello, unas medidas cautelares como las solicitadas nada aportarían en este escenario, porque el Ministerio ya ha dispuesto la entrega de equipos y el cumplimiento de la normativa preventiva, y no cesa en sus actuaciones para intentar conseguir los medios necesarios y hacer efectiva dicha entrega.
